Ricardo RobledoEl camino hacia una ciudadanía plena: cómo la identidad digital se convierte en la llave de acceso a los servicios del futuro.
México avanza hacia la digitalización, pero nuestras instituciones aún arrastran prácticas del siglo pasado. Hoy, muchos trámites siguen dependiendo de documentos impresos, filas interminables y verificaciones manuales que generan ineficiencia y vulnerabilidades.
Mientras tanto, el sector privado ya implementa biometría, inteligencia artificial y validación en tiempo real.
Esta brecha no solo retrasa el desarrollo, también expone a los ciudadanos a riesgos de fraude y robo de identidad.
El problema actual
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más del 60% de los procesos gubernamentales en América Latina aún no cuentan con digitalización. Esto provoca altos costos de tiempo, duplicidad de esfuerzos y falta de transparencia.
En México, iniciativas como la CURP biométrica avanzan hacia la digitalización, pero la implementación enfrenta dudas sobre privacidad y seguridad.
¿Qué pasa cuando el gobierno se queda atrás?
Trámites lentos: los ciudadanos pierden tiempo y confianza.
Riesgo de suplantación: documentos impresos o escaneados son más fáciles de falsificar.
Pérdida de competitividad: empresas e inversionistas enfrentan obstáculos regulatorios y burocráticos.
Cerrar la brecha
Se necesita una identidad digital robusta para todos los ciudadanos, que combine biometría segura, validación en tiempo real y cruces con bases oficiales. Esto no significa renunciar a la privacidad: significa diseñar sistemas con controles claros, auditables y transparentes. Como lo han mostrado países como Estonia o Dinamarca, donde la identidad digital permite desde pagar impuestos hasta votar en línea, la clave es la confianza en la tecnología y el marco legal que la respalda.
No se trata solo de modernizar trámites, sino de proteger derechos y facilitar la vida cotidiana. Una identidad digital segura evita fraudes, agiliza procesos y abre la puerta a una administración pública más eficiente y cercana a la gente.
La digitalización del gobierno no puede esperar. El costo de mantener una identidad analógica es demasiado alto para la economía y para la confianza ciudadana. Cerrar la brecha es una urgencia nacional.
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